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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la frase final del artículo 5° de la Ley N° 18.900, que puso término a la Caja Central de Ahorros y Préstamos y a la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. Se discutía si la exigencia de publicar el decreto aprobatorio de la cuenta para que el Fisco asuma obligaciones afectaba derechos de propiedad y tutela judicial de los ahorrantes. El Tribunal rechazó el requerimiento: sostuvo que no existe derecho de propiedad sobre meras expectativas, sino solo sobre derechos adquiridos, y que desde la Ley N° 18.591 los depósitos en esas cajas se convirtieron en meras expectativas sin derecho de dominio. Añadió que las obligaciones del Estado dependen de acreditar la certidumbre de las acreencias y del régimen de prueba que verifique las obligaciones contractuales derivadas de los depósitos. Una ministra previno que estuvo por rechazar el requerimiento con argumentos del voto disidente, con excepciones puntuales.

Tribunal ConstitucionalINATutela Judicial EfectivaDerecho de Propiedadfisco

Preguntas frecuentes

¿Existe derecho de propiedad sobre las meras expectativas en Chile?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que no existe derecho de propiedad sobre meras expectativas, sino solo sobre derechos adquiridos. Por eso rechazó el requerimiento de inaplicabilidad.

¿Qué ocurre con los depósitos en las cajas de ahorro y préstamo tras su término?

En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que desde la Ley N° 18.591 los depósitos en esas cajas se convirtieron en meras expectativas sin derecho de dominio. Por ello no acogió el requerimiento de inaplicabilidad.

¿Qué debe acreditarse para que el Fisco asuma obligaciones por depósitos en cajas de ahorro?

En este caso, el Tribunal Constitucional indicó que las obligaciones del Estado dependen de acreditar la certidumbre de las acreencias y del régimen de prueba que verifique las obligaciones contractuales derivadas de los depósitos.

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