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La Superintendencia del Medio Ambiente dictó una resolución sancionatoria contra una em…

Resolución · Superintendencia del Medio Ambiente · 2023

Resumen

La Superintendencia del Medio Ambiente dictó una resolución sancionatoria contra una empresa constructora por ruidos molestos generados en una faena de construcción en la comuna de Providencia, producidos por el uso de martillos demoledores, en contravención del decreto supremo correspondiente del Ministerio del Medio Ambiente. La parte resolutiva del acto establece que, si el infractor es una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente o actúen en su nombre responden subsidiariamente del pago de la multa; que la sanción prescribe a los tres años desde que quede a firme, interrumpible por la notificación del procedimiento de ejecución o la formulación de cargos; y que, una vez firme, debe anotarse en el Registro Público de Sanciones conforme a la LOSMA y al Decreto Supremo N° 31 de 2012.

Normas citadas

  • Decreto Supremo N° 38
  • Ley N° 19.300
  • Ley N° 20.417
  • Ley N° 19.880
  • Decreto Supremo N° 70
  • Decreto Supremo N° 146
  • Decreto Supremo N° 31
  • Código Tributario

Preguntas frecuentes

¿Responden las personas naturales que representan a una empresa por una multa ambiental por ruidos molestos?

En este caso, la Superintendencia del Medio Ambiente estableció que, si el infractor es una persona jurídica, las personas naturales que la representan legalmente o actúan en su nombre responden subsidiariamente del pago de la multa.

¿Cuánto tiempo tiene la Superintendencia del Medio Ambiente para cobrar una multa ambiental por ruidos molestos?

En este caso, la sanción prescribe a los tres años desde que queda a firme, plazo que se interrumpe con la notificación del procedimiento de ejecución o la formulación de cargos.

¿Se anota en un registro público una sanción ambiental por ruidos molestos en faenas de construcción?

En este caso, una vez firme, la sanción debe anotarse en el Registro Público de Sanciones conforme a la Ley N° 20.417 y al Decreto Supremo N° 31 de 2012.

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