Resumen del criterio jurisprudencial
Martínez afirma que "un cambio necesario sería que la garantía de indemnidad proteja expresamente las denuncias de interés público y no solo las vinculadas a conflictos laborales. Esto aseguraría que los trabajadores que reporten prácticas corruptas o ilícitas de sus empleadores estén resguardados frente a represalias, incluso cuando usen los canales internos de la empresa".