Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el Ministerio de Relaciones Exteriores debe dictar un acto administrativo que resuelva expresamente el rechazo de una solicitud de visación de residencia temporaria. El dictamen señala que el otorgamiento de estas visaciones es una facultad discrecional de la autoridad, que puede denegarla si no concurren los supuestos de conveniencia o utilidad para el país, conforme al decreto ley N° 1.094, de 1975, y al Reglamento Consular. Agrega que ese rechazo debe formalizarse mediante una resolución, según lo exige la ley N° 19.880. En consecuencia, el organismo debe verificar si se dictó dicho acto y, de no haberlo hecho, adoptarlo, en cumplimiento de los principios conclusivo y de inexcusabilidad. Asimismo, la Administración debe respetar los derechos de los interesados y los principios de celeridad e impugnabilidad.