El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información interpuesto contra el Servicio de Evaluación Ambiental. La solicitud pedía que el servicio se pronunciara sobre los criterios para requerir y resolver un procedimiento de rectificación de una evaluación ambiental. El Consejo concluyó que esa petición implicaba un análisis de fondo sobre un caso particular y correspondía al ejercicio del derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución, y no al derecho de acceso regulado por la Ley de Transparencia. Por ello, no cabía pronunciarse sobre ella en esa sede. Contra esta decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación, y no el recurso de reposición.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadMedio Ambiente
Preguntas frecuentes
¿Se puede usar el amparo de acceso a la información para pedirle a un servicio un pronunciamiento sobre cómo resolver un caso concreto?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la solicitud implicaba un análisis de fondo sobre un caso particular, lo que corresponde al derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución y no al derecho de acceso regulado por la Ley de Transparencia.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo indicó que procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación, y no el recurso de reposición.
¿Cuál es la diferencia entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información pública en Chile?
En este caso, el Consejo sostuvo que el derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución permite pedir pronunciamientos sobre casos particulares, mientras que el derecho de acceso regulado por la Ley de Transparencia no se usa para obtener un análisis de fondo de ese tipo.
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