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El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El requirente no denunció la falta de publicación de información obligatoria en los sitios electrónicos del órgano, conforme al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento, sino que pidió una intervención por una grave vulneración de su derecho a la vivienda digna, debido a que su inmueble se encuentra en zona de riesgo de derrumbe y los subsidios de reparación resultan insuficientes. Por ello, el Consejo concluyó que faltaba un elemento habilitante para interponer el reclamo. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos, pero no recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿Procede reclamar al Consejo para la Transparencia por falta de vivienda digna si no se denuncia incumplimiento de transparencia activa?

En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque no denunciaba la falta de publicación de información obligatoria en transparencia activa, sino una vulneración del derecho a la vivienda digna. Por eso faltaba un elemento habilitante para reclamar.

¿Cuál es el plazo y la vía para impugnar una resolución de inadmisibilidad del Consejo para la Transparencia?

En este caso, la decisión puede impugnarse mediante reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos. No procede recurso de reposición contra ella.

¿Qué infracciones de transparencia activa puede conocer el Consejo para la Transparencia contra un órgano público?

En este caso, el Consejo indicó que el reclamo debe fundarse en la falta de publicación de información obligatoria conforme al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento. Otros motivos, como problemas de vivienda, no bastan para admitirlo.

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