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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la improcedencia de que el Se…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la improcedencia de que el Servicio de Obras Sanitarias disminuya, durante la vigencia del contrato, una partida presupuestaria de la obra "M.S.A.P.R.M., Comuna de Los Ángeles", contratada a suma alzada. El órgano constató que la partida estaba contemplada en el presupuesto oficial y que la solicitud de tratarla como valor pro forma no fue acogida en la respuesta a la aclaración del proceso licitatorio. Citando su jurisprudencia, recordó que en los contratos a suma alzada las cantidades de obra son inamovibles y el contratista asume las diferencias de cubicación, de modo que la disminución sólo procede en los casos previstos en el artículo 102 del reglamento, cuando se trate de modificaciones del proyecto y la disminución sea determinada y valorizada. Por haberse incorporado la partida por error de la Administración, que no puede perjudicar al contratista, ordenó instruir un sumario para determinar las responsabilidades administrativas y pecuniarias de los funcionarios involucrados, informando a la Contraloría.

Normas citadas

  • dto 75/2004 Moopp art/4 num/30
  • dto 75/2004 Moopp art/102 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Administración disminuir una partida de obra durante la ejecución de un contrato a suma alzada?

En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que no, pues en los contratos a suma alzada las cantidades de obra son inamovibles y la disminución sólo procede en los casos del artículo 102 del reglamento, cuando haya modificaciones del proyecto y la disminución sea determinada y valorizada.

¿Quién asume las diferencias de cubicación en un contrato de obra a suma alzada?

En este caso, la Contraloría recordó que el contratista asume las diferencias de cubicación en los contratos a suma alzada, según su jurisprudencia citada en el pronunciamiento.

¿Qué consecuencias tiene que una partida se incluya por error en el presupuesto oficial de una licitación?

En este caso, la Contraloría ordenó instruir un sumario para determinar las responsabilidades administrativas y pecuniarias de los funcionarios involucrados, porque el error de la Administración no puede perjudicar al contratista.

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