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Una consumidora demandó a Banco Santander Argentina S.A. por un préstamo personal de $1…

Sentencia · 2024

Resumen

Una consumidora demandó a Banco Santander Argentina S.A. por un préstamo personal de $1.500.000 que, según afirma, fue otorgado sin su consentimiento tras el acceso de terceros a su teléfono y a la aplicación bancaria, lo que evidenciaría fallas en la seguridad informática de la entidad. El tribunal acogió parcialmente la medida cautelar: reconoció verosimilitud en el derecho, pero ordenó sólo la suspensión de la imputación de intereses del préstamo cuestionado, en un plazo de tres días. Rechazó el resto de lo pedido por no verificarse el peligro de daño irreparable, ya que la situación discutida está vinculada al objeto central del litigio y requiere debate y prueba. Tuvo por válida la caución juratoria, en virtud del beneficio de justicia gratuita.

Normas citadas

  • Ley 24.240 - artículo 52 (daño punitivo)
  • Ley 24.240 - artículo 53 último párrafo (justicia gratuita)
  • CPJRC - artículo 66 (caución juratoria)
  • Fallos: 320:1633
  • Fallos: 310:977
  • Fallos: 319:418
  • Fallos: 323:4188
  • Fallos: 327:852
préstamo sin consentimientoseguridad informáticafraude electrónicomedida cautelarsuspensión de interesesresponsabilidad bancariadaño punitivoprotección del consumidor

Preguntas frecuentes

¿Puede una persona con beneficio de justicia gratuita rendir caución juratoria para una medida cautelar en un juicio de consumo?

En este caso, el tribunal tuvo por válida la caución juratoria, en virtud del beneficio de justicia gratuita que tenía la consumidora demandante.

¿Es suficiente que se alegue una falla en la seguridad informática de un banco para pedir la aplicación del daño punitivo en un proceso de consumo?

En este caso, el resumen indica que la consumidora fundó su demanda en fallas de seguridad informática del banco y citó el artículo 52 de la Ley 24.240 sobre daño punitivo, pero el fallo público sólo resuelve la medida cautelar y no se pronuncia sobre la procedencia del daño punitivo.

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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.