Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad de las autoridades administrativas para reorganizar sus órganos y distribuir al personal. El caso se originó en la conformación de un equipo regional de fiscalización, que obligó a cambiar el lugar de desempeño de varios inspectores, entre ellos el peticionario. El organismo reiteró un criterio previo, según el cual la autoridad puede disponer esa adecuación de la manera más favorable para la gestión institucional y el bien común, por lo que el traslado fue considerado procedente. En cuanto a la asignación de movilización, prevista en el artículo 98, letra b), de la ley N° 18.834, se constató que fue puesta término para los funcionarios que dejaron de realizar labores inspectivas habituales, por lo que la denuncia sobre ese punto fue desestimada.