El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluía a ciertos delitos de los beneficios de penas sustitutivas de la privación de libertad. La parte requirente sostuvo que dicha exclusión era desproporcionada y contraria a los principios de humanidad y proporcionalidad de las penas, así como al estándar de racionalidad y justicia garantizado en el artículo 19, N° 3, inciso sexto, de la Constitución. El tribunal acogió el requerimiento y declaró inaplicable el precepto en el caso concreto, al estimar que la medida de inhabilitación que podía afectar a la requirente resultaba incompatible con la racionalidad y justicia procedimental constitucionalmente exigidas. La sentencia fue redactada por la Ministra M.L.B.B., con una disidencia de la Ministra M.P.S.G. y una prevención del Ministro J.J.R.G..
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable la exclusión de las penas sustitutivas por ser desproporcionada?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable el artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, al estimar que la exclusión de beneficios afectaba la racionalidad y justicia exigidas por la Constitución.
¿Cuándo se vulneran los principios de humanidad y proporcionalidad de las penas en Chile?
En este caso, la parte requirente sostuvo que la exclusión de ciertos delitos de las penas sustitutivas era desproporcionada y contraria a esos principios. El tribunal resolvió el asunto fundando su decisión en la racionalidad y justicia procedimental, según el resumen público.
¿Qué efecto tiene una sentencia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sobre una norma legal?
En este caso, la sentencia declaró inaplicable el precepto solo para el caso concreto, sin anularlo de manera general. La decisión se basó en que la inhabilitación que podía afectar a la requirente era incompatible con la racionalidad y justicia constitucionalmente exigidas.
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