El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Servicio Nacional de Migraciones. La persona reclamante planteaba su molestia por la demora en la tramitación y resolución de su situación migratoria, y no cuestionaba la falta de publicación o de acceso a la información que el artículo 7º de la Ley de Transparencia y el artículo 51 de su Reglamento exigen mantener en los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado. Por ello, el Consejo concluyó que no existía infracción a esas normas y que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde su notificación, y no procede el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Procede un reclamo ante el Consejo para la Transparencia por la demora en la tramitación de una solicitud migratoria?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque la persona reclamante se quejaba de la demora en su situación migratoria y no de una falta de publicación o de acceso a la información exigida por la Ley de Transparencia. Por eso concluyó que no había infracción a las normas de transparencia activa.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo señaló que procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde la notificación. Expresó que no procede el recurso de reposición.
¿Qué se entiende por transparencia activa de los órganos de la Administración del Estado?
En este caso, el Consejo recordó que el artículo 7º de la Ley de Transparencia y el artículo 51 de su Reglamento obligan a mantener información en los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado. Un reclamo por infracción a esta obligación debe cuestionar la falta de publicación o de acceso a dicha información.
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