El Tribunal Constitucional, a través de su Segunda Sala, admitió a tramitación un reque…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional, a través de su Segunda Sala, admitió a tramitación un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido contra una norma de la Ley General de Pesca y Acuicultura que impide declarar el abandono del procedimiento en juicios por infracción a dicha ley. La Sala concluyó que la acción cumple con los requisitos de los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. En consecuencia, ordenó suspender la gestión pendiente hasta el pronunciamiento sobre admisibilidad, requerir copias autorizadas de las piezas principales del expediente y conferir traslado a las partes por diez días para que se pronuncien sobre la admisibilidad.
Normas citadas
Ley N° 17.997
Ley N° 18.892
inaplicabilidad por inconstitucionalidadadmisibilidadgestión pendienteTribunal ConstitucionalLey General de Pesca y Acuiculturaabandono del procedimientotraslado a las partessuspensión del procedimiento
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional suspender un juicio mientras resuelve un requerimiento de inaplicabilidad?
Sí. En este caso, el Tribunal Constitucional, a través de su Segunda Sala, admitió a tramitación el requerimiento y ordenó suspender la gestión pendiente hasta pronunciarse sobre su admisibilidad.
¿Puede impugnarse ante el Tribunal Constitucional una norma de la Ley General de Pesca y Acuicultura que impide declarar el abandono del procedimiento?
En este caso, el Tribunal Constitucional admitió a tramitación un requerimiento de inaplicabilidad contra esa norma, por considerar que la acción cumple los requisitos de los artículos 79 y 80 de su Ley Orgánica Constitucional. Aún no hay pronunciamiento sobre el fondo.
¿Qué pasos sigue el Tribunal Constitucional tras admitir a tramitación un requerimiento de inaplicabilidad?
En este caso, la Sala ordenó requerir copias autorizadas de las piezas principales del expediente y conferir traslado a las partes por diez días para que se pronuncien sobre la admisibilidad.
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