La Corte de Apelaciones de San Antonio conoció un recurso de amparo constitucional inte…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023
Resumen
La Corte de Apelaciones de San Antonio conoció un recurso de amparo constitucional interpuesto a favor de una persona que, según la parte recurrente, había perdido su rastro y se encontraría privada de libertad sin causa justificada. Gendarmería de Chile informó que el amparado se encontraba recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio como imputado por porte de arma cortante, porte de arma prohibida y delitos contra la ley de tránsito. El Juzgado de Garantía confirmó que el tribunal había decretado prisión preventiva en una causa penal, medida que la Corte consideró legalmente adoptada. Por ello, la Corte rechazó la acción, por estimar que no existían medidas que pudiera adoptar a favor del amparado, cuya privación de libertad obedecía a una resolución judicial vigente.
Normas citadas
Artículo 21 de la Constitución Política de la República
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre amparo
amparoprivación de libertadprisión preventivagendarmeríamedida cautelarderechos fundamentales
Preguntas frecuentes
¿Procede el recurso de amparo constitucional si la persona privada de libertad está detenida por orden de un tribunal competente?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Antonio rechazó el amparo porque la privación de libertad obedecía a una prisión preventiva decretada por un juzgado de garantía en una causa penal, por lo que no había medidas que adoptar a favor del amparado.
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En este caso, la parte recurrente alegó que el amparado había perdido su rastro, pero Gendarmería informó que estaba recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio, lo que permitió verificar su ubicación antes de resolver el recurso.
¿Cómo se acredita que una detención es legal en un recurso de amparo?
En este caso, la Corte se basó en el informe de Gendarmería, que confirmó la reclusión, y en la confirmación del Juzgado de Garantía sobre la prisión preventiva decretada en una causa penal, medida que consideró legalmente adoptada.
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