El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información presentado contra la Municipalidad de Calama. La persona reclamante solicitaba apoyo para el financiamiento del pago del alumbrado público y el reemplazo de luminarias en un condominio, materia que el Consejo estimó ajena al derecho de acceso a la información pública, pues corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución. Por ello, concluyó que no se ejerció el derecho de acceso en los términos exigidos por la Ley de Transparencia y que no podía acogerse la solicitud de amparo, declarando su inadmisibilidad por unanimidad de los miembros presentes. La decisión fue notificada a la reclamante y al alcalde, y se indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, mas no recurso de reposición.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 18.575
Ley N° 19.880
D.S. N° 13
D.F.L. N° 1
Artículo 59 de la Ley N° 19.880
amparoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Se puede presentar un amparo de acceso a la información para pedir apoyo o financiamiento a una municipalidad?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la solicitud de apoyo para financiar el alumbrado público y reemplazar luminarias es ajena al derecho de acceso a la información y corresponde al derecho de petición.
¿Qué ocurre si una solicitud a un municipio no ejerce el derecho de acceso a la información en los términos de la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo concluyó que no se ejerció el derecho de acceso en los términos exigidos por la Ley de Transparencia y, por ello, no podía acogerse la solicitud de amparo, declarando su inadmisibilidad por unanimidad.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, y no recurso de reposición.
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