Resumen
La Superintendencia de Pensiones emitió un dictamen sobre la legalidad de que una administradora de fondos de pensiones cediera la base de datos de sus afiliados a empresas de su mismo grupo empresarial, aun contando con autorización de los afiliados, para que estas les ofrecieran productos y servicios. El organismo concluyó que la solicitud de autorización a los afiliados para compartir dicha información resulta improcedente, pues infringe el objeto exclusivo de las administradoras previsto en el artículo 23 del D.L. 3.500, que limita su giro a la administración de fondos y prestaciones previsionales, y la restricción de transmisión de datos personales del artículo 5 de la Ley 19.628, que exige que el traspaso guarde relación con las tareas y finalidades de los organismos participantes, requisito que no se cumple cuando el destino es la oferta de productos por sociedades del grupo. Asimismo, consideró el artículo 153 del D.L. 3.500, que hace solidariamente responsables a las entidades del grupo que reciban información de la base de datos por el uso indebido de esta.