Resumen
El tribunal acreditó la existencia de tres estructuras que operaban mediante sociedades médicas de fachada, redes sociales y plataformas electrónicas. La defraudación al sistema público de salud superó los $26.714 millones y las condenas incluyen penas de hasta 10 años y un día de presidio, multas, indemnizaciones al Fisco y sanciones por asociación ilícita y lavado de activos.