Resumen del criterio jurisprudencial
La sentencia establece el pago de una indemnización por daño moral y la restitución de los fondos captados mediante el cobro de supuestos aranceles para la regularización de una propiedad. El fallo también incluye una sanción pecuniaria por continuar con la asesoría jurídica a pesar de contar con una prohibición previa para ejercer.