Resumen
El Tribunal Constitucional conoció de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra el inciso final del artículo 131 de la Ley N° 20.720, sobre reorganización y liquidación de empresas y personas. La parte requirente sostenía que la norma cuestionada, al permitir que las controversias surgidas en el procedimiento de liquidación solo puedan impugnarse mediante el recurso de reposición y no mediante apelación, afectaba garantías constitucionales. En su análisis, el tribunal razonó que, aunque el artículo 131 no contempla expresamente la apelación, el artículo 4° de la misma ley, no impugnado en estos autos, impide igualmente que la Corte de Apelaciones conozca en segunda instancia de ese recurso, de modo que una declaración de inaplicabilidad no tendría efecto útil alguno. Por ello, y pese a que el resultado registrado indica acogida, la parte resolutiva del fallo desestimó el requerimiento, rechazándolo.