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Proveído del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 2025, dictado por la Presidenci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

Proveído del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 2025, dictado por la Presidencia del Tribunal en una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad tramitada ante la Segunda Sala. La acción impugna una norma que impide conceder orden de no innovar durante la apelación en juicios de arrendamiento de predios urbanos. Se trata de un acto de tramitación: ordena dar cuenta del asunto a la Segunda Sala y designa como relator a un integrante del equipo del Tribunal. El proveído no resuelve el fondo del reclamo ni se pronuncia sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.

Normas citadas

  • Artículo 93, inciso primero, N° 6, Constitución Política de la República
  • Artículo 93, inciso undécimo, Constitución Política de la República
  • Artículo 8°, letras b) y d), Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículo 32, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículos 79 y siguientes, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Un proveído del Tribunal Constitucional que solo da cuenta de una acción de inaplicabilidad decide si la norma impugnada es constitucional?

No. En este caso, el proveído es un acto de tramitación que ordena dar cuenta del asunto a la Segunda Sala y designa relator, sin resolver el fondo ni pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma que impide conceder orden de no innovar en la apelación de juicios de arrendamiento de predios urbanos.

¿Qué hace el Tribunal Constitucional cuando recibe una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?

En este caso, la Presidencia del Tribunal dictó un proveído que ordena dar cuenta de la acción a la Segunda Sala y designa un relator, dejando el análisis de fondo para esa sala.

¿Qué norma impugnó la acción de inaplicabilidad tramitada en este caso?

La acción impugna una norma que impide conceder orden de no innovar durante la apelación en juicios de arrendamiento de predios urbanos. El proveído solo la identifica y no se pronuncia sobre su constitucionalidad.

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