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El Consejo para la Transparencia resolvió un recurso de amparo por denegación de acceso…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un recurso de amparo por denegación de acceso a información solicitada a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En su decisión, el Consejo acogió parcialmente el amparo y ordenó al Superintendente entregar al reclamante copia de los requerimientos de la SBIF de agosto de 2015 y de la respuesta de Scotiabank Chile a uno de ellos, que no fueron proporcionados en su oportunidad. Asimismo, rechazó la entrega de otra información por estimar que se encontraba amparada por la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 7° de la Ley General de Bancos. El cumplimiento debía efectuarse en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quedara ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y se ordenó informar de ello al Consejo. La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo y notificada a las partes, quedando a salvo la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEconomía y Finanzas

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un organismo público no entrega información solicitada por un particular?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo por denegación de acceso y ordenó al Superintendente entregar copia de ciertos requerimientos y una respuesta que no fueron proporcionados.

¿Cuándo se puede reservar información bancaria por la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo rechazó la entrega de parte de la información por estimar que estaba amparada por la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 7° de la Ley General de Bancos.

¿Qué plazo tiene un organismo para cumplir lo ordenado por el Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo ordenó que el cumplimiento se efectuara en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la decisión quedara ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y que se le informara de ello.

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