El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información interpuesto contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana. La reclamación se refería a la demora en la emisión de una certificación, asunto que el Consejo entendió corresponder al derecho de petición y no al acceso a la información pública. Además, la presentación se realizó a través de la plataforma OIRS del sitio web del órgano, la cual no corresponde al canal formal establecido por el organismo conforme al artículo 28 del Reglamento de la Ley de Transparencia, por lo que, aun si se considerara una solicitud de acceso, no podía admitirse a tramitación. La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros presentes. Contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde la notificación, y no procede el recurso de reposición.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadSalud
Preguntas frecuentes
¿Procede un amparo de acceso a la información si lo que se reclama es la demora en emitir una certificación?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo, porque entendió que la reclamación correspondía al derecho de petición y no al acceso a la información pública.
¿Se puede presentar una solicitud de acceso a la información pública a través de la plataforma OIRS de un organismo?
En este caso, el Consejo sostuvo que la plataforma OIRS no era el canal formal establecido por el organismo conforme al artículo 28 del Reglamento de la Ley de Transparencia, por lo que la solicitud no podía admitirse a tramitación.
¿Contra una decisión de inadmisibilidad del Consejo para la Transparencia procede reposición o reclamo de ilegalidad?
En este caso, el Consejo indicó que no procede el recurso de reposición, sino reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde la notificación.
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