El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativo a la aplicación de una norma en una gestión pendiente, referida a los plazos para la práctica de peritajes y al derecho a presentar pruebas en el procedimiento. El Tribunal sostuvo que el plazo legal empleado, aun no siendo fatal, no permitió emitir con suficiente conocimiento los cuatro peritajes autorizados por el juez de fondo, pese a haberse extendido a veintinueve días. Concluyó que el objetivo de celeridad procesal debe conciliarse con el derecho a un procedimiento racional y justo, que incluye el derecho a aportar pruebas. Por ello acogió parcialmente el requerimiento y declaró que la aplicación de la norma impugnada en la gestión pendiente resulta contraria a la Constitución, con votos disidentes.
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable un plazo legal para peritajes si vulnera el derecho a presentar pruebas?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad y declaró contraria a la Constitución la aplicación de la norma impugnada en la gestión pendiente. Sostuvo que el plazo empleado, aunque no fatal, no permitió emitir con suficiente conocimiento los peritajes autorizados por el juez de fondo.
¿Cómo se concilia la celeridad procesal con el derecho a un procedimiento racional y justo?
En este caso, el Tribunal sostuvo que el objetivo de celeridad procesal debe conciliarse con el derecho a un procedimiento racional y justo, que incluye el derecho a aportar pruebas. Esa conciliación llevó a considerar insuficiente el plazo aplicado para los peritajes.
¿Qué efecto tiene un plazo que no es fatal si impide ejercer adecuadamente el derecho a la prueba pericial?
En este caso, el Tribunal estimó que, pese a no ser fatal y haberse extendido a veintinueve días, el plazo no permitió emitir los cuatro peritajes autorizados con suficiente conocimiento. Por ello declaró contraria a la Constitución su aplicación en la gestión pendiente, con votos disidentes.
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