Una profesora que ejercía como directora del departamento de educación municipal de Hij…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
Una profesora que ejercía como directora del departamento de educación municipal de Hijuelas recurrió de protección contra la Municipalidad por la tramitación de un sumario administrativo que terminó en su destitución. Alegó que el sumario fue retrotraído sin fundamento suficiente, que la vista fiscal llegó a una conclusión opuesta a la inicial sin nuevos antecedentes y que no se consideraron pruebas ni atenuantes, además de que la municipalidad no cumplió la orden de reapertura dictada previamente por la Contraloría General de la República. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió parcialmente el recurso: ordenó reabrir el sumario, dejando sin efecto el decreto alcaldicio que lo cerraba, y remitir nuevamente al alcalde todos los antecedentes para continuar el proceso hasta su término. Además, dispuso que la municipalidad se pronuncie en treinta días sobre las peticiones de invalidación total, decaimiento y silencio negativo. El tribunal no se pronunció sobre estas últimas peticiones en su fallo.
Normas citadas
Artículo 19, numerales 3, 4 y 24 de la Constitución Política de la República
Artículo 72 letra b) de la Ley Nº 19.070 (Estatuto de los Profesionales de la Educación)
sumario administrativodestitucióntramitación irregularrecurso de protecciónContraloría Generalreapertura de procedimientoderechos fundamentalesprobidad
Preguntas frecuentes
¿Puede una Corte de Apelaciones ordenar reabrir un sumario administrativo municipal que terminó con la destitución de una profesora de educación municipal?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió parcialmente el recurso de protección, ordenó reabrir el sumario, dejó sin efecto el decreto alcaldicio que lo cerraba y dispuso que el alcalde continúe el proceso hasta su término.
¿Qué plazo tiene una municipalidad para pronunciarse sobre peticiones de invalidación o de decaimiento de un acto administrativo en un recurso de protección?
En este caso, el tribunal ordenó que la municipalidad se pronuncie en treinta días sobre las peticiones de invalidación total, decaimiento y silencio negativo, aunque el fallo no se pronunció sobre estas últimas.
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