El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra Carabineros de Chile…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra Carabineros de Chile por la negativa a entregar informes, documentación o registros elaborados por determinados asesores, cuya entrega debía realizarse dentro de los plazos de sus contratos. El órgano reclamado no justificó suficientemente que la entrega debiera efectuarse en un lugar distinto del domicilio postal señalado por el peticionario, por lo que se ordenó remitir la información en formato CD a esa dirección. Conforme al principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia, deberán tarjarse los datos personales de contexto y sensibles, de acuerdo con la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Se ordenó cumplir en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada y acreditar la entrega ante el Consejo. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un organismo público no entrega información solicitada por transparencia y el plazo se trata de contratos de asesores?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo contra Carabineros de Chile, que se negó a entregar informes y registros elaborados por asesores. El organismo no justificó suficientemente entregar la información en un lugar distinto al domicilio postal indicado por el solicitante.
¿Se pueden tarjar datos personales al entregar información pública en Chile?
Sí, según el principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia, en este caso se ordenó tarjar los datos personales de contexto y los sensibles, conforme a la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. El resto de la información debe entregarse.
¿Contra qué resolución del Consejo para la Transparencia procede reclamo de ilegalidad?
En este caso, el Consejo sostuvo que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva. También ordenó cumplir en cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada y acreditar la entrega ante el Consejo.
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