Resumen del criterio jurisprudencial
Rodrigo Alejandro Salazar Castro interpuso una acción constitucional de protección contra una Isapre y la Superintendencia de Salud, impugnando el alza unilateral del precio de la prima GES. Alegó que el aumento era desproporcionado e injustificado, vulnerando sus garantías constitucionales de los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución. La Corte Suprema, al confirmar la sentencia apelada, consideró que la prima GES fue determinada tras un proceso objetivo y fiscalizado por la Superintendencia de Salud, en cumplimiento del artículo 206 del DFL N°1 de 2005. La Corte señaló que el contrato de salud es un contrato tipo, pero parcialmente dirigido por la autoridad pública. Por lo tanto, no se advirtió un actuar ilegal ni arbitrario, y se rechazó la acción. Se confirmó la sentencia de primera instancia, sin costas.