Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la adjudicación de una licitación pública convocada por la Municipalidad de Villarrica. El organismo concluyó que la municipalidad actuó conforme a derecho al iniciar un procedimiento de invalidación del decreto que había adjudicado la licitación a una empresa, porque esta no acreditó ser persona jurídica, requisito exigido en las bases para presentar propuestas. Ello importó una infracción al principio de estricta sujeción a las bases, previsto en el artículo 10 de la Ley N° 19.886, y la jurisprudencia administrativa indica que, ante un acto irregular, la autoridad debe iniciar la invalidación. Asimismo, se señaló que la existencia de servicios prestados antes de firmar el contrato no impide esa conclusión, sin perjuicio del derecho a cobrar los trabajos efectivamente realizados, para evitar un enriquecimiento sin causa del municipio.