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El Tribunal Constitucional resolvió acoger un requerimiento de inaplicabilidad por inco…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió acoger un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que impedía suspender juicios orales penales de personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia de COVID-19. Se discutía si esa restricción vulneraba el derecho a defensa y el debido proceso, en particular los principios de oralidad, inmediación y publicidad, al impedir la realización presencial de las audiencias. El tribunal razonó que el juicio en línea vía remota impide respetar íntegramente esos principios y que la denominada brecha digital genera desigualdad y discriminación por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales, afectando el efectivo cumplimiento del derecho a defensa. Por ello, declaró inaplicable la norma en cuestión.

Normas citadas

  • artículo 440, inciso N/A, numeral 1, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINA

Preguntas frecuentes

¿Se puede realizar un juicio oral penal en línea por videoconferencia sin vulnerar el derecho a defensa?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el juicio en línea vía remota impide respetar íntegramente los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y que la brecha digital genera desigualdad y discriminación, afectando el derecho a defensa.

¿Es constitucional impedir de forma absoluta suspender juicios orales penales de personas privadas de libertad?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y declaró inconstitucional la expresión 'en forma absoluta' que impedía suspender esos juicios, por vulnerar el derecho a defensa y el debido proceso.

¿Qué principios del debido proceso se afectan cuando las audiencias penales se realizan de forma remota?

En este caso, el Tribunal Constitucional razonó que la realización remota de las audiencias impide respetar íntegramente los principios de oralidad, inmediación y publicidad, afectando el efectivo cumplimiento del derecho a defensa.

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