Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye de la aplicación de penas sustitutivas a determinados delitos. La parte requirente sostuvo que esa exclusión total resulta desproporcionada, inidónea para los fines de reinserción social y protección de la víctima, e irracional frente a otros delitos no excluidos, vulnerando el principio de proporcionalidad de las penas y el artículo 19, N°s 2° y 3°, inciso sexto, de la Constitución. El Tribunal acogió parcialmente el requerimiento, con votos de mayoría, prevención y disidencia. La mayoría estimó que la disposición impugnada, en el caso concreto, contraría la Constitución por desproporción e irracionalidad en su aplicación, y que las penas sustitutivas no equivalen a impunidad, pues restringen la libertad personal y buscan el control, la reinserción y la no reincidencia de los condenados.