Resumen del criterio jurisprudencial
La iniciativa obligaría a identificar y respaldar documental o digitalmente el origen, adquisición, transporte, almacenamiento y destino de plaguicidas, fertilizantes, semillas, maquinaria, sistemas de riego, cableado y otros bienes rurales. Sus autores advierten que el robo agrícola provoca pérdidas estimadas en US$530 millones anuales y alimenta mercados informales que afectan la producción, la seguridad alimentaria y la trazabilidad sanitaria.