Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte sostuvo que la prohibición de exigir pagos para acceder a la titulación solo rige respecto de exámenes de grado y otorgamiento de títulos, no así en fases previas como la elaboración de la memoria, reafirmando la autonomía universitaria para exigir la regularización de obligaciones financieras como requisito de matrícula. La decisión se adoptó con voto en contra, que estimó que dicha interpretación desatiende la finalidad de la ley y perpetúa barreras económicas al impedir completar el proceso de titulación.