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La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso d…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023

Resumen

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de protección interpuesto por dos senadores y un ex ministro en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que pedía garantizar condiciones mínimas para evitar los denominados narco-funerales. El tribunal fundó su decisión en que los recurrentes no especificaron un interés directo respecto de las garantías constitucionales supuestamente quebrantadas, por lo que carecían de legitimación activa, ya que el recurso exige un perjudicado o agraviado y no admite una acción popular. Además, la Corte estimó que la solicitud excedía el ámbito del recurso, pues abordaba aspectos propios de una decisión administrativa y política que corresponde al Supremo Gobierno en el ejercicio de su política pública, la que no puede ser impuesta o modificada por esta vía.

Normas citadas

  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Inciso segundo del numeral 2° del Auto Acordado
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Preguntas frecuentes

¿Puede cualquier persona interponer un recurso de protección para exigir una política pública de seguridad?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso porque los recurrentes no acreditaron un interés directo ni fueron perjudicados en sus garantías, ya que el recurso de protección exige un perjudicado o agraviado y no admite una acción popular.

¿Puede un tribunal ordenar al Gobierno cambiar o imponer una política pública mediante un recurso de protección?

En este caso, la Corte sostuvo que la solicitud excedía el ámbito del recurso, pues se refería a una decisión administrativa y política del Supremo Gobierno, la que no puede ser impuesta o modificada por esta vía.

¿Qué requisitos debe cumplir el recurrente para tener legitimación activa en un recurso de protección?

Según este fallo, el recurrente debe especificar un interés directo respecto de las garantías constitucionales supuestamente quebrantadas, pues el recurso del artículo 20 de la Constitución requiere un perjudicado o agraviado.

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