Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo de una empresa proveedora contra la Agencia de Calidad de la Educación, que puso término anticipado a un contrato de servicios de aplicación de pruebas y le aplicó multas. El organismo concluyó que el término anticipado se ajustó a las bases, pues la empresa no entregó las cajas curso y el material de contingencia dentro del plazo fijado para la aplicación de la prueba SIMCE de 2016, lo que la propia recurrente reconoció. Por ello, desestimó también el reclamo sobre la fecha de inicio del cómputo de la multa. Respecto de trabajos que la recurrente afirmaba no haber cobrado, rechazó la objeción porque el pliego exige pago solo por servicios efectivamente realizados y con recepción conforme, la cual no existió en esos ítems. Finalmente, descartó el cuestionamiento a la contratación directa, por haber sido ya examinada y tomada razón la resolución que la autorizó.