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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta formulada por el…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2023

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta formulada por el Prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados acerca de la aplicación del inciso penúltimo del artículo 6° de la ley N° 19.886 de Compras Públicas. Esa norma exige que, en la contratación de servicios habituales mediante licitaciones o contrataciones periódicas, se dé prioridad a las empresas que tengan vigentes convenios colectivos con sus trabajadores o que les apliquen convenios de otros empleadores. El organismo concluyó que se trata de un mandato legal de carácter general que deben cumplir todos los órganos licitantes, incluidas las municipalidades, con independencia de la naturaleza jurídica del oferente. Por lo tanto, mientras el legislador no modifique la exigencia, esta también resulta aplicable a las cooperativas de trabajo. El fundamento se apoya en el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y en el artículo 2° de la ley N° 18.575.

Normas citadas

  • ley 19886 art/6
  • pol art/6
  • pol art/7
  • ley 18575 art/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Deben las entidades licitantes dar prioridad a empresas con convenios colectivos en la contratación de servicios habituales según la Ley de Compras Públicas?

Sí. En este dictamen, la Contraloría sostuvo que el inciso penúltimo del artículo 6° de la ley N° 19.886 es un mandato legal general que deben cumplir todos los órganos licitantes, incluidas las municipalidades, en la contratación de servicios habituales mediante licitaciones o contrataciones periódicas.

¿La exigencia de prioridad para empresas con convenios colectivos se aplica a las cooperativas de trabajo?

Sí. La Contraloría concluyó que, mientras el legislador no modifique la exigencia, esta resulta aplicable a las cooperativas de trabajo, con independencia de la naturaleza jurídica del oferente.

¿Cuál es el fundamento de la Contraloría para exigir la aplicación de esta prioridad en las compras públicas?

En este dictamen, el organismo se apoyó en el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y en el artículo 2° de la ley N° 18.575, que obligan a los órganos del Estado a actuar conforme a la ley.

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