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Una sociedad comercial interpuso recurso de protección contra la Secretaría Regional Mi…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

Una sociedad comercial interpuso recurso de protección contra la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, por la omisión de respuesta a su solicitud de alzamiento de una prohibición de enajenar que afecta un inmueble de su propiedad, gravamen inscrito en 2007 como condición de una convención con el Fisco. La recurrente alegó que la demora, de más de un año de tramitación, vulneraba sus garantías de propiedad e igualdad ante la ley. La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso, sin costas, solo en cuanto ordena a la autoridad dar respuesta al requerimiento dentro de 60 días hábiles administrativos desde que la sentencia quede ejecutoriada. El tribunal estimó que el retraso era injustificado y constituía un trato diverso frente a quienes reciben respuesta oportuna, pero declaró que no podía pronunciarse sobre el fondo de la petición ni declarar derechos, por ser ello atribución legal de la autoridad y no materia de esta acción excepcional.

Normas citadas

  • Artículo 19, numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Decreto Exento N° 404 de 22 de noviembre de 2006 del Ministerio de Bienes Nacionales
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Preguntas frecuentes

¿Procede recurso de protección contra la demora de la Administración en responder una solicitud de alzamiento de una prohibición de enajenar?

En este caso, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso porque el retraso de más de un año en responder fue injustificado y vulneró las garantías de propiedad e igualdad ante la ley. Ordenó a la autoridad dar respuesta dentro de 60 días hábiles administrativos desde que la sentencia quede ejecutoriada.

¿Puede el juez de protección decidir si se alza una prohibición de enajenar impuesta por el Fisco?

No. En este caso, la Corte declaró que no podía pronunciarse sobre el fondo de la petición ni declarar derechos, porque esa es una atribución legal de la autoridad y no materia de la acción de protección.

¿Qué efecto tiene el retraso injustificado de un organismo público en responder una petición de un particular?

En este caso, la Corte estimó que la demora constituía un trato diverso frente a quienes reciben respuesta oportuna, lo que afectó la igualdad ante la ley de la recurrente. El fallo no impuso costas a la autoridad.

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