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El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presenta…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presentado contra el Ministerio de Bienes Nacionales, relativo a antecedentes de un expediente de regularización de pequeña propiedad raíz. El Consejo concluyó que la información solicitada es de naturaleza pública y acogió el amparo, ordenando su entrega. Sin embargo, dispuso que se excluyan los datos personales de contexto de personas naturales, como domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos y correo electrónico particular, conforme al artículo 4° de la ley N° 19.628 y al principio de divisibilidad. El organismo deberá cumplir en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en quince días corridos.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoBienes Públicos

Preguntas frecuentes

¿Puede una persona pedir acceso a los antecedentes de un expediente de regularización de pequeña propiedad raíz en poder de un ministerio?

En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que la información solicitada es de naturaleza pública y acogió el amparo, ordenando al Ministerio de Bienes Nacionales entregarla.

¿Se deben entregar datos personales de terceros al responder una solicitud de información pública?

En este caso, el Consejo dispuso que se excluyan los datos personales de contexto de personas naturales, como domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos y correo electrónico particular, conforme al artículo 4° de la ley N° 19.628 y al principio de divisibilidad.

¿Qué plazo tiene el organismo para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia y qué ocurre si no lo hace?

En este caso, el organismo debe cumplir en cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en quince días corridos.

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