Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema confirma el rechazo de la acción de cautela de derechos constitucionales interpuesta por Tamara Alejandra Garay Barrientos contra la Universidad de Magallanes por la no renovación de su contrata. La demandante alegaba vulneración de garantías constitucionales (artículos 19 N°s 2, 3 y 24) por la decisión informal de no renovar su nombramiento sin expresión de causa ni sumario administrativo. La Corte estimó que conforme al artículo 10 del Estatuto Administrativo, la contrata expira por ministerio de ley al no notificarse prórroga. Se determinó que no existía confianza legítima dado el corto período de contratación (inferior a cinco años desde 2022), por lo que no se configuró acto administrativo arbitrario ni ilegal.