El Tribunal de Contratación Pública acogió una acción de impugnación interpuesta por un…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2012
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública acogió una acción de impugnación interpuesta por una empresa de software contra la adjudicación de una licitación convocada por la Subsecretaría de Prevención del Delito. La empresa cuestionó la resolución que adjudicó el proceso, por inconsistencias en la evaluación de las ofertas económicas. El tribunal declaró ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N°267 de 2011 que resolvió la adjudicación. Como el contrato adjudicado a otra empresa se encontraba en un estado de ejecución muy avanzado, reconoció a la demandante el derecho a ejercer las acciones indemnizatorias y administrativas que correspondan. Además, condenó en costas a la parte demandada, con fundamento en la Ley N°19.886 y su reglamento.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Se puede impugnar la adjudicación de una licitación pública en Chile por inconsistencias en la evaluación de las ofertas económicas?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación de una empresa de software y declaró ilegal y arbitraria la resolución que adjudicó la licitación, por inconsistencias en la evaluación de las ofertas económicas.
¿Qué ocurre con un contrato de licitación pública si ya está muy avanzado en su ejecución y luego se anula la adjudicación?
En este caso, como el contrato adjudicado a otra empresa estaba en un estado de ejecución muy avanzado, el tribunal reconoció a la demandante el derecho a ejercer las acciones indemnizatorias y administrativas que correspondan, en lugar de dejar sin efecto el contrato.
¿Quién paga las costas en un juicio de impugnación de adjudicación de licitaciones según la Ley 19.886?
En este caso, el tribunal condenó en costas a la parte demandada, con fundamento en la Ley N°19.886 y su reglamento.
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Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2015
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.