El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información interpuesto por un particular contra el Servicio Electoral, que solicitaba copia del padrón electoral con indicación de quienes votaron en 2013. El Consejo concluyó que la Ley de Transparencia no resulta aplicable a la tramitación del procedimiento de acceso a la información del Registro Electoral, porque el sistema de inscripciones electorales debe regirse por ley orgánica constitucional según el artículo 18 de la Constitución, exigencia que no cumple la mayoría de los preceptos de la Ley N° 20.285. Por ello, el derecho de acceso a dicha información no quedó amparado en ese cuerpo normativo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días corridos desde su notificación.
amparoDecisión de inadmisibilidadGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir por la Ley de Transparencia el padrón electoral con quienes votaron en una elección?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque concluyó que la Ley de Transparencia no es aplicable a la tramitación de solicitudes de acceso a la información del Registro Electoral, al deber regirse el sistema de inscripciones electorales por ley orgánica constitucional según el artículo 18 de la Constitución.
¿Qué pasa si el Servicio Electoral rechaza una solicitud de información del registro electoral por la vía de transparencia?
En este caso, el Consejo concluyó que el derecho de acceso a esa información no quedó amparado en la Ley N° 20.285, por lo que el amparo fue declarado inadmisible sin que se ordenara la entrega de los datos solicitados.
¿Cuál es el plazo para reclamar contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el resumen indica que contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días corridos desde su notificación.
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