El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Servicio de Registro Civil e Identificación. La presentación se basaba en la mala atención recibida de una funcionaria en una oficina, y no en la falta de completitud o acceso a la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener publicada en sus sitios electrónicos. Por ello, el Consejo concluyó que faltaba un elemento habilitante para interponer el reclamo, sin que se configurara infracción a los artículos 7 de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos desde su notificación, y no el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 18.575
Ley N° 19.880
D.S. N° 13
D.F.L. N° 1
Artículo 59 de la Ley N° 19.880
reclamoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por mala atención de un funcionario de un servicio público?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque se fundaba en la mala atención recibida en una oficina y no en la falta de completitud o acceso a la información de transparencia activa, por lo que no se configuró infracción a los artículos 7 de la Ley de Transparencia ni 51 de su Reglamento.
¿Contra una resolución de inadmisibilidad del Consejo para la Transparencia procede reposición o reclamo de ilegalidad?
En este caso, el Consejo sostuvo que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos desde la notificación, y no el recurso de reposición.
¿Qué se entiende por transparencia activa en materia de reclamos contra órganos de la Administración del Estado?
En este caso, el Consejo señaló que la transparencia activa corresponde a la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener publicada en sus sitios electrónicos, y que un reclamo por esta vía exige un problema de completitud o acceso a dicha información.
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