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El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022

Resumen

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información pública interpuesto contra la Municipalidad de San Rafael. Al revisar la admisibilidad, el Consejo constató que no existía identidad entre quien presentó la solicitud de información y quien interpuso el amparo. Conforme al artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia, el Consejo habría podido ordenar subsanar la omisión en un plazo de cinco días hábiles, pero la parte interesada no hizo presentación alguna para ello. Por esta razón, el Consejo resolvió declarar inadmisible el amparo, en aplicación del artículo 24 de la Ley de Transparencia y del citado artículo 46 de su Reglamento, y ordenó notificar la decisión a las partes.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si el amparo de acceso a la información no lo presenta la misma persona que hizo la solicitud?

En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque no había identidad entre quien pidió la información y quien interpuso el amparo. Pudo ordenar subsanar la omisión en cinco días hábiles, pero la parte no hizo presentación alguna.

¿Puede el Consejo para la Transparencia dar un plazo para corregir un amparo mal presentado?

Sí, según el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia, el Consejo puede ordenar subsanar la omisión en un plazo de cinco días hábiles. En este caso, como la parte no subsanó, el amparo fue declarado inadmisible conforme al artículo 24 de la Ley.

¿Cuál es la consecuencia de no subsanar un amparo de transparencia dentro del plazo otorgado?

En este caso, el Consejo para la Transparencia resolvió declarar inadmisible el amparo contra la Municipalidad de San Rafael, al no haber presentación de la parte interesada para subsanar la omisión. La decisión se fundó en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y el artículo 46 de su Reglamento.

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