Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de un condenado por homicidio simple, confirmando la sentencia del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago que impuso una pena de 10 años y un día de presidio. El recurso alegó que la jueza presidenta de sala excedió sus facultades aclaratorias al interrogar a un testigo reservado, generando nueva prueba de cargo y vulnerando la imparcialidad del tribunal. La defensa sostuvo que el testigo no había identificado al acusado durante el examen directo ni el contraexamen, y que la jueza, mediante preguntas inductivas y un gesto de apuntamiento, obtuvo una sindicación que no existía previamente. La Corte consideró que las preguntas de la jueza se mantuvieron dentro del marco aclaratorio del artículo 329 inciso 4° del Código Procesal Penal, pues no introdujeron información nueva sino que buscaron esclarecer lo ya declarado. Asimismo, estimó que la sindicación gestual fue una consecuencia natural de la aclaración y no una prueba generada por el tribunal. En consecuencia, no se configuró la causal de nulidad invocada, y el recurso fue desestimado en todas sus partes.