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La Corte Constitucional, en Sala Séptima de Revisión, conoció una acción de tutela pres…

Sentencia · 2023

Resumen

La Corte Constitucional, en Sala Séptima de Revisión, conoció una acción de tutela presentada en representación de residentes de un sector de una vereda de El Playón, Santander, contra la Gobernación de Santander y la A.M.E.P.. La accionante denunció el mal estado de un puente hamaca que conecta la vereda con el municipio, por el riesgo que representa para niños, adultos mayores y animales de carga que lo transitan a diario, y alegó que su derecho de petición no había sido respondido. La Corte acogió la tutela, por amenaza a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la educación de los menores agenciados, y ordenó a las autoridades territoriales adelantar los trámites para diseñar y ejecutar la construcción de un nuevo puente. Además, dispuso un espacio de diálogo con la comunidad, un plan de contingencia y cronograma supervisados por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Playón, informes periódicos de avance y la respuesta de fondo a la petición pendiente.

Normas citadas

  • Artículo 33 de la Ley 1098 de 2006
  • Artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015
  • Circular Interna N°. 10 de 2022 de la Presidencia de la Corte Constitucional
  • Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991
derechos fundamentalesacción de tutelainfraestructura públicaseguridadderecho a la vidaderechos de menores de edadderecho de peticióndebido proceso

Preguntas frecuentes

¿Procede la tutela para exigir la reparación de un puente peatonal en mal estado que pone en riesgo la vida y la integridad de niños y adultos mayores?

En este caso, la Corte Constitucional acogió la tutela porque el mal estado de un puente hamaca amenazaba los derechos a la vida, la integridad personal, la salud y la educación de los menores. Ordenó a las autoridades territoriales adelantar los trámites para construir un nuevo puente.

¿Qué implica el silencio de la administración frente a un derecho de petición relacionado con un riesgo para la comunidad?

La Corte también ordenó dar respuesta de fondo a la petición pendiente, pues la comunidad había alegado que su derecho de petición no había sido contestado. La decisión vincula esa omisión a la protección de los demás derechos amenazados.

¿Qué medidas puede ordenar la Corte Constitucional para asegurar el cumplimiento de una orden de construcción de infraestructura comunitaria?

En este caso, la Corte dispuso un espacio de diálogo con la comunidad, un plan de contingencia con cronograma supervisado por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Playón, e informes periódicos de avance. Estas medidas buscan garantizar la ejecución de la obra y mitigar el riesgo mientras tanto.

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