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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta relativa al pago…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2022

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta relativa al pago de las reliquidaciones de la subvención de gratuidad efectuado por el Ministerio de Educación al Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral. El organismo concluyó que dicho pago se ajustó a derecho, por cuanto el servicio local es el sucesor legal de la corporación municipal que era sostenedora de los establecimientos traspasados, y el pago se efectuó cuando ya tenía esa calidad. Asimismo, señaló que sostener un criterio distinto vulneraría el principio de legalidad del gasto público, citando los artículos 6, 7 y 100 de la Constitución, la ley N° 18.575 y el decreto ley N° 1.263. Respecto del dictamen N° 4.282, de 2019, la Contraloría estimó que no era aplicable, pues ese pronunciamiento se refería a la responsabilidad por deudas anteriores al traspaso, mientras que el caso analizado trataba de créditos generados antes del traspaso por un pago incompleto de la subvención, la cual debe destinarse exclusivamente a los fines educativos.

Normas citadas

  • DFL 2/98 educa art/49 bis
  • ley 20845 art/2 num/16
  • DFL 2/98 educa art/3
  • ley 21040 art/tercero tran
  • ley 21040 art/octavo tran
  • ley 21040 art/noveno tran inc/2
  • DTO 72/2018 educa art/6
  • POL art/6
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Se aplica el dictamen N° 4.282 de 2019 a las deudas de subvención generadas antes del traspaso a un Servicio Local de Educación Pública?

En este caso, la Contraloría estimó que ese dictamen no era aplicable, porque se refería a la responsabilidad por deudas anteriores al traspaso, mientras que aquí se trataba de créditos por un pago incompleto de la subvención generados antes del traspaso.

¿Qué destino tienen los fondos de la subvención de gratuidad en un establecimiento educacional traspasado a un servicio local?

En este caso, la Contraloría señaló que la subvención debe destinarse exclusivamente a los fines educativos, lo que sirvió de base para tratar los créditos derivados de un pago incompleto como obligaciones vinculadas a esos fines.

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