Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta relativa al pago de las reliquidaciones de la subvención de gratuidad efectuado por el Ministerio de Educación al Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral. El organismo concluyó que dicho pago se ajustó a derecho, por cuanto el servicio local es el sucesor legal de la corporación municipal que era sostenedora de los establecimientos traspasados, y el pago se efectuó cuando ya tenía esa calidad. Asimismo, señaló que sostener un criterio distinto vulneraría el principio de legalidad del gasto público, citando los artículos 6, 7 y 100 de la Constitución, la ley N° 18.575 y el decreto ley N° 1.263. Respecto del dictamen N° 4.282, de 2019, la Contraloría estimó que no era aplicable, pues ese pronunciamiento se refería a la responsabilidad por deudas anteriores al traspaso, mientras que el caso analizado trataba de créditos generados antes del traspaso por un pago incompleto de la subvención, la cual debe destinarse exclusivamente a los fines educativos.