El Tribunal Calificador de Elecciones conoció una apelación en un incidente de falta de…
Sentencia · Tribunal Calificador de Elecciones · 2025
Resumen
El Tribunal Calificador de Elecciones conoció una apelación en un incidente de falta de personería, planteado en una solicitud de remoción de un concejal por contravención a la probidad administrativa o notable abandono de deberes. La discusión se centró en si el mandato otorgado a un abogado permitía válidamente ejercer la facultad de requerir la remoción. El tribunal rechazó la apelación y confirmó la resolución impugnada, al estimar que la facultad de solicitar la remoción de un concejal es una función pública, personal e indelegable, que corresponde ejercer al alcalde o a los concejales como órganos de la Administración del Estado, conforme al artículo 7° de la Constitución y a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin que la Constitución ni las leyes autoricen otorgar mandatos a terceros para ejercer esas funciones. La decisión se adoptó con el voto dirimente del Presidente del Tribunal.
Normas citadas
Ley N° 18.695
Ley N° 18.460
Artículo 76 de la Ley N° 18.695
Artículo 11 de la Ley N° 18.460
TRICELjusticia electoralApelación
Preguntas frecuentes
¿Se puede delegar a un abogado la facultad de solicitar la remoción de un concejal?
En este caso, el Tribunal Calificador de Elecciones estimó que la facultad de requerir la remoción de un concejal es una función pública, personal e indelegable, por lo que no puede ejercerse mediante mandato a un abogado.
¿Quién puede pedir la remoción de un concejal por falta de probidad o abandono de deberes?
En este caso, el Tribunal sostuvo que esa facultad corresponde ejercerla al alcalde o a los concejales como órganos de la Administración del Estado, conforme al artículo 7° de la Constitución y a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
¿Qué pasa si un abogado con mandato presenta una solicitud de remoción de un concejal?
En este caso, el Tribunal rechazó la apelación y confirmó la resolución que acogió el incidente de falta de personería, al no permitir la Constitución ni las leyes otorgar mandatos a terceros para ejercer esas funciones públicas.
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