Resumen del criterio jurisprudencial
El caso trata de un recurso de protección interpuesto por la apoderada de un estudiante expulsado de un colegio por una pelea. La recurrente alegó que la expulsión se adoptó sin debido proceso, vulnerando el derecho a la educación. El colegio sostuvo que la medida se ajustó a su reglamento interno y a la gravedad de los hechos, que incluyeron agresiones físicas y amenazas con un fierro. La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió parcialmente el recurso, dejando sin efecto la expulsión por haberse adoptado sin otorgar al alumno una instancia previa de descargos. Ordenó retrotraer el procedimiento disciplinario para que se realice con pleno respeto al debido proceso. La decisión se fundamentó en la garantía constitucional del artículo 19 de la Constitución Política.