Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, que había denegado el acceso a informes de fiscalización y sus anexos. El Consejo consideró que la información correspondía al propio reclamante, en su calidad de denunciante e interesado en un procedimiento administrativo, por lo que ordenó su entrega completa. Dado que contiene datos personales y sensibles, la entrega queda condicionada a la acreditación de identidad y de la calidad de denunciante. Conforme al principio de divisibilidad, deberán tarjarse la identidad de los demás involucrados, en especial testigos y trabajadores declarantes, junto con los datos que permitan inferirla y los datos sensibles de contexto. Se ordenó cumplir en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y acreditar la entrega ante el Consejo. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, en el plazo de 15 días corridos.