El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información pública presentado por una organización vecinal contra la Municipalidad de Quilpué. Al analizar la admisibilidad del reclamo, el Consejo advirtió que no se acompañó el poder de representación ni el documento que designara a la apoderada, y tampoco se acreditó la existencia de una solicitud de acceso a la información ingresada previamente ante el municipio. Por ello, ejerció la facultad del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia y otorgó un plazo de cinco días hábiles para subsanar las omisiones, advirtiendo que de no hacerlo se declararía inadmisible. La parte interesada no presentó escrito alguno dentro de ese plazo. En consecuencia, el Consejo, por la unanimidad de sus miembros presentes, declaró inadmisible el amparo conforme al artículo 24 de la Ley de Transparencia y ordenó notificar la decisión a la organización reclamante y a la alcaldesa del municipio.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadNo manifiesta específicamente
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no se acredita la solicitud de acceso a la información previa al presentar un amparo ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque no se acreditó la existencia de una solicitud de acceso ingresada previamente ante el municipio, entre otras omisiones.
¿Se puede declarar inadmisible un amparo si no se acompaña el poder de representación del apoderado?
En este caso, el Consejo advirtió que no se acompañó el poder de representación ni el documento que designara a la apoderada, otorgó plazo para subsanar y, al no presentarse escrito, declaró inadmisible el amparo.
¿Qué plazo da el Consejo para la Transparencia para subsanar omisiones en un amparo?
En este caso, el Consejo ejerció la facultad del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia y otorgó un plazo de cinco días hábiles para subsanar las omisiones, advirtiendo que de no hacerlo se declararía inadmisible.
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