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El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por un…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2014

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por una sociedad farmacéutica contra la adjudicación de una licitación de medicamentos (interferón) efectuada por la Central de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. La actora alegó ilegalidad y arbitrariedad en el acto administrativo terminal, sosteniendo que la evaluación de las ofertas no se habría ajustado a las bases. El tribunal rechazó la impugnación tras concluir que la evaluación se realizó conforme a las normas de las Bases Administrativas, en particular su Capítulo VI numeral 2, y que el acto se redactó en conformidad al artículo 41 del Decreto Supremo de Hacienda N°250, Reglamento de la Ley N°19.886, señalando el resultado de la evaluación de ambos postulantes según los criterios previamente definidos, sin irracionalidad ni voluntad caprichosa. Además, acogió una objeción de documentos respecto de piezas determinadas del expediente, rechazó las tachas promovidas por la demandante y no condenó en costas por estimar que hubo motivos plausibles para litigar.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Qué debe contener un acto de adjudicación de una licitación pública para no ser impugnado?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública estimó que el acto se ajustó al artículo 41 del Reglamento de la Ley 19.886 al señalar el resultado de la evaluación de los postulantes según los criterios previamente definidos en las bases.

¿Basta alegar que la evaluación de ofertas no se ajustó a las bases para impugnar una adjudicación?

En este caso, el Tribunal rechazó la impugnación porque concluyó que la evaluación se realizó conforme a las Bases Administrativas, sin irracionalidad ni voluntad caprichosa, por lo que la sola alegación no fue suficiente.

¿Se condena en costas al demandante si su impugnación es rechazada?

En este caso, el Tribunal no condenó en costas a la actora pese a rechazar su impugnación, por estimar que existieron motivos plausibles para litigar.

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