Resumen del criterio jurisprudencial
Natalie Andrea Fuenzalida Gálvez interpuso un recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República por la emisión, notificación y ejecución de resoluciones de cobro ejecutivo de una deuda derivada del financiamiento de estudios superiores según la Ley N°20.027. La Corte de Apelaciones acogió el recurso, lo que motivó la apelación de la recurrida. La Corte Suprema, conociendo del recurso de apelación, revocó la sentencia de primera instancia y rechazó el recurso de protección. El tribunal sostuvo que la acción de protección constitucional es de naturaleza cautelar y no idónea para definir la naturaleza jurídica del crédito ni para determinar el tribunal competente y el procedimiento aplicable. La controversia excede el ámbito de la acción cautelar, pues requiere un debate propio de un procedimiento de lato conocimiento. Por ello, se rechazó la protección solicitada.