El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por denegación de acceso a informac…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2013
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por denegación de acceso a información solicitada a una Inspección Provincial del Trabajo, relativa a un expediente administrativo sobre una denuncia laboral. El órgano se opuso invocando la oposición del tercero involucrado. El Consejo acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar copia del expediente, con la prevención de tachar los datos personales de contexto y excluyendo la relación de los hechos denunciados y el testimonio del denunciante, así como la referencia a un documento médico. El cumplimiento debía efectuarse dentro de cinco días hábiles desde que la decisión quedara ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, e informarse a la Corporación para su verificación. La resolución fue notificada a las partes y al tercero interviniente, y se indicó que procedía reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, no así el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoJusticia
Preguntas frecuentes
¿Se puede denegar el acceso a un expediente administrativo de una Inspección del Trabajo por oposición del tercero involucrado?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar copia del expediente, pese a la oposición del tercero, con la prevención de tachar los datos personales de contexto.
¿Qué información de un expediente laboral puede excluirse al entregarla por transparencia?
En este caso, el Consejo excluyó la relación de los hechos denunciados, el testimonio del denunciante y la referencia a un documento médico, además de ordenar tachar los datos personales de contexto.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia y en qué plazo se cumple?
En este caso, el Consejo indicó que procedía reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones y no recurso de reposición, y que el cumplimiento debía efectuarse dentro de cinco días hábiles desde que la decisión quedara ejecutoriada.
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